ANÁLISIS: La lucha de los empleados públicos; por Mariano Aguayo

(Publicado hoy en el diario La Razón)

Un juez valiente y justo, Luis Alfredo de Diego, y dos juristas de casta, José Ángel Castillo y Carlos Rodríguez Vallecillo, han parado en seco los pies a la Junta en su integración de los colocados en Egmasa hacia la función pública. Es fundamental que la ciudadanía conozca que el auto de 16 de junio del juzgado de lo Contencioso número 10 de Sevilla, que admite las medidas cautelares de suspensión del protocolo por el cual varios miles de empleados privados iban a pasar a desempeñar misiones reservadas por la ley a los empleados públicos, es una garantía para todos nosotros. Sería un error imperdonable pensar que con su lucha en la calle los empleados públicos, con sus camisetas o mandiles naranja, o sus camisetas blancas con la cruz negra están defendiendo lo suyo. Todos esos empleados de la Junta están defendiendo lo tuyo, lo mío y lo de nuestros hijos.

 

La necesidad de una administración pública atendida por los mejores ciudadanos beneficia a toda la sociedad. Primero porque sólo los mejores, los que concurran bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad serán nuestros servidores independientes mañana. Y segundo porque nuestros hijos podrán optar en condiciones de legalidad a cualquier puesto público. Sin estos principios no hay Estado de Derecho. Nuestro despacho no se ha conformado con recurrir por la vía ordinaria los protocolos de integración y ha presentado recursos por violación de derechos fundamentales. Hemos instado además medidas cautelares que paralicen de manera inmediata la integración. Egmasa ha desparecido legalmente y la integración en la Junta de los empleados de esa compañía de funcionamiento privado entendemos que es ilegal. Como bien expresa el auto, este desaguisado lo tendrá que solucionar el que lo ha creado.

Con este auto ya no son sólo los empleados públicos y los que nos honramos en ser sus abogados los que piensan que esta ilegalidad hay que resolverla de forma eficiente e inmediata. Nuestro ordenamiento exige, para que un juez adopte una medida cautelar, que concurran apariencia de buen derecho, «periculum in mora» y congruencia. El auto así lo describe y lo que se está pidiendo tiene todos los visos de ser cierto. Si esperamos a que termine el procedimiento quizás el desaguisado no tenga solución. La suspensión de la integración resulta coherente con una sentencia que impidiera a los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía su ilegal reordenación. Como letrado de los empleados públicos, pero sobre todo como ciudadano, gracias a todos.