Como ya hicimos con
los recortes acordados por el PSOE e IU para los EE.PP andaluces a
través del Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales,
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, las Asociaciones y Plataformas
referenciadas manifestamos nuestro total
y absoluto rechazo a los nuevos recortes de derechos económicos y
sociales acordados por el gobierno del PP a nivel nacional, medidas que, una
vez más y, como las anteriores, se ceban con un colectivo, los EMPLEADOS
PÚBLICOS que además de ser garante de la objetividad e imparcialidad de la
Administración Pública y, con ello, del cumplimiento de uno de los postulados
esenciales del Estado de Derecho (el sometimiento de la Administración a la
Ley), en nada ha contribuido a la lamentable situación en la que se encuentra
este país, fruto de la ineficacia, el despilfarro y la desvergüenza de la clase
política y de los banqueros.
Del mismo modo que llevamos casi dos años combatiendo
el despilfarro, el derroche, el nepotismo y el enchufismo de la Junta de
Andalucía, vamos a condenar y a luchar contra cualquier otra medida adoptada,
bien sea por el Estado, bien por la Comunidad Autónoma, que atente contra los
derechos de los EE.PP andaluces y nos coloque en el centro de la diana para, en
realidad, diluir, distraer y desviar
la atención de los auténticos males de la democracia española, entre los que
podemos mencionar, por citar solo algunos, el
abusivo y alarmante número de políticos en proporción a nuestra
población y en relación con otros países europeos (políticos que disfrutan de innumerables
privilegios que debemos eliminar), o el
enchufismo generalizado en las Administraciones Públicas, duplicándose
de forma innecesaria las funciones administrativas, que son usurpadas, y
generando un despilfarro absoluto en términos económicos que soportan los
ciudadanos. Baste recordar que el coste de la Administración paralela en la
Junta de Andalucía, que PSOE e IU, con el apoyo de UGT y CCOO, se niegan
sistemáticamente a eliminar o reducir (lógico si tenemos en cuenta el largo
listado de políticos, sindicalistas y paniaguados que engrosan sus filas) se
sitúa en torno a los 5.000 millones de euros, la misma cantidad que el gobierno
nacional pretende recaudar en todo el Estado
eliminando la paga extra de navidad de los empleados públicos.
Desde estas Asociación y Plataformas, condenamos
enérgicamente los duros recortes del gobierno nacional, y apoyamos, como no
podía ser menos, con profundo respecto, a todos los empleados públicos de la
Junta de Andalucía que, en uso de su libertad individual y sin subterfugios políticos,
acuden a los actos de protesta.
Con respecto
a las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO para el día 19 de julio a las 20:30
en las diversas provincias andaluzas, en línea con lo expuesto, cada empleado
público es libre de acudir o no a las mismas, y respetamos su decisión. Pero sí
queremos recordar que estos dos sindicatos han sido, son y serán cómplices del gobierno del PSOE
e IU en Andalucía, y con ello, cómplices de la corrupción, del despilfarro, del
enchufismo y de la eliminación de la figura del auténtico empleado público a
través de la reordenación del sector público andaluz, reordenación que avalaron
incondicionalmente, primero con su apoyo al Decreto-Ley 6/2010 y, posteriormente, con los acuerdos adoptados
por la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Administración de
la Junta de Andalucía en su reunión de 18 de noviembre de 2010, en materia de
Reordenación del Sector Público, aprobados posteriormente mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 7 de diciembre de 2010.
Son estos mismos sindicatos los que han defendido y
defienden la reordenación del sector público andaluz y, con ella, el enchufismo, la malversación, la
ausencia de controles administrativos y presupuestarios, la selección del
personal “a dedo” y la ausencia de imparcialidad en la Administración,
y los que se oponen frontalmente a la existencia de una Administración
objetiva, profesional e independiente, que pretenden eliminar y sustituir por
otra “administración” paralela clientelar, politizada y dedocrática.
Son estos mismos
sindicatos los que no hablaban,
como hacen ahora, de una huelga general cuando el gobierno de Griñán y Valderas
aprobó el citado Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales,
Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, norma que recortaba
a los EE.PP andaluces una cantidad similar a la que ahora recorta el gobierno
central.
Son estos mismos
sindicatos los que nos han llamado fascistas
por defender nuestras ideas contrarias a una reordenación que, recordemos, el
propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tachado de “desprecio al Estado de Derecho”.
Por todo ello, las Asociaciones y Plataformas
que suscribimos este comunicado, no nos
sumamos ni apoyamos las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO en las ocho provincias
andaluzas, pero sí apoyaremos, sin fisuras, las futuras movilizaciones que
puedan convocar otros sindicatos y asociaciones apolíticas en defensa de los
derechos de los EE.PP de Andalucía.
SEGUIMOS LUCHANDO, CONTRA TODO Y CONTRA TODOS, POR LA
DIGNIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO.
SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA EL ENCHUFISMO Y LA
CORRUPCIÓN.
__________________
Plataformas y Asociaciones firmantes del comunicado:
ASOCIACIÓN AL-ANDALUS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ASOCIACIÓN AIDÓS, PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE MÁLAGA, PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE GRANADA Y PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA EN CÁDIZ.
Plataformas y Asociaciones firmantes del comunicado:
ASOCIACIÓN AL-ANDALUS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ASOCIACIÓN AIDÓS, PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE MÁLAGA, PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE GRANADA Y PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA EN CÁDIZ.
Estoy de acuerdo en luchar contra el enchufismo y la corrupción. Y a los mismos añado las malas practicas de la administración y algunos empleados públicos. Si bien habrá que tener en cuenta que de tales prácticas pueden derivarse acciones contenciosas y trabajo para el sector privado, procuradores, abogados, etc, al mismo tiempo que un atasco y atraso considerable en los juzgados de lo contencioso.
ResponderEliminarPo cierto, la adopción de acuerdos manifiestamente injustos es conducta contemplada en el CP, y si causan perjuicio a la adminsitración o al administrado se considera falta en el ambito administrativo.
¿A cuantos se le ha aplicado?