2ª. APORTACIÓN PARA EL BUFETE MARIANO AGUAYO.

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jueves, 19 de julio de 2012

Comunicado de las Plataformas y Asociaciones de Empleados Públicos de Andalucía

Como ya hicimos con  los recortes acordados por el PSOE e IU para los EE.PP andaluces a través del Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, las Asociaciones y Plataformas referenciadas manifestamos nuestro total y absoluto rechazo a los nuevos recortes de derechos económicos y sociales acordados por el gobierno del PP a nivel nacional, medidas que, una vez más y, como las anteriores, se ceban con un colectivo, los EMPLEADOS PÚBLICOS que además de ser garante de la objetividad e imparcialidad de la Administración Pública y, con ello, del cumplimiento de uno de los postulados esenciales del Estado de Derecho (el sometimiento de la Administración a la Ley), en nada ha contribuido a la lamentable situación en la que se encuentra este país, fruto de la ineficacia, el despilfarro y la desvergüenza de la clase política y de los banqueros. 

Del mismo modo que llevamos casi dos años combatiendo el despilfarro, el derroche, el nepotismo y el enchufismo de la Junta de Andalucía, vamos a condenar y a luchar contra cualquier otra medida adoptada, bien sea por el Estado, bien por la Comunidad Autónoma, que atente contra los derechos de los EE.PP andaluces y nos coloque en el centro de la diana para, en realidad, diluir, distraer y desviar la atención de los auténticos males de la democracia española, entre los que podemos mencionar, por citar solo algunos, el abusivo y alarmante número de políticos en proporción a nuestra población y en relación con otros países europeos (políticos que disfrutan de innumerables privilegios que debemos eliminar), o el enchufismo generalizado en las Administraciones Públicas, duplicándose de forma innecesaria las funciones administrativas, que son usurpadas, y generando un despilfarro absoluto en términos económicos que soportan los ciudadanos. Baste recordar que el coste de la Administración paralela en la Junta de Andalucía, que PSOE e IU, con el apoyo de UGT y CCOO, se niegan sistemáticamente a eliminar o reducir (lógico si tenemos en cuenta el largo listado de políticos, sindicalistas y paniaguados que engrosan sus filas) se sitúa en torno a los 5.000 millones de euros, la misma cantidad que el gobierno nacional pretende recaudar en todo el Estado eliminando la paga extra de navidad de los empleados públicos.

Desde estas Asociación y Plataformas, condenamos enérgicamente los duros recortes del gobierno nacional, y apoyamos, como no podía ser menos, con profundo respecto, a todos los empleados públicos de la Junta de Andalucía que, en uso de su libertad individual y sin subterfugios  políticos,  acuden a los actos de protesta.

Con  respecto a las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO para el día 19 de julio a las 20:30 en las diversas provincias andaluzas, en línea con lo expuesto, cada empleado público es libre de acudir o no a las mismas, y respetamos su decisión. Pero sí queremos recordar que estos dos sindicatos han sido, son y serán cómplices del gobierno del PSOE e IU en Andalucía, y con ello, cómplices de la corrupción, del despilfarro, del enchufismo y de la eliminación de la figura del auténtico empleado público a través de la reordenación del sector público andaluz, reordenación que avalaron incondicionalmente, primero con su apoyo al Decreto-Ley 6/2010 y, posteriormente, con los acuerdos adoptados por la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Administración de la Junta de Andalucía en su reunión de 18 de noviembre de 2010, en materia de Reordenación del Sector Público, aprobados posteriormente mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de diciembre de 2010. 

 Son estos mismos sindicatos los que han defendido y defienden la reordenación del sector público andaluz y, con ella, el enchufismo, la malversación, la ausencia de controles administrativos y presupuestarios, la selección del personal “a dedo” y la ausencia de imparcialidad en la Administración, y los que se oponen frontalmente a la existencia de una Administración objetiva, profesional e independiente, que pretenden eliminar y sustituir por otra “administración” paralela clientelar, politizada y dedocrática.

Son estos mismos sindicatos los que no hablaban, como hacen ahora, de una huelga general cuando el gobierno de Griñán y Valderas aprobó el citado Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, norma que recortaba a los EE.PP andaluces una cantidad similar a la que ahora recorta el gobierno central.  

Son estos mismos sindicatos los que nos han llamado fascistas por defender nuestras ideas contrarias a una reordenación que, recordemos, el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tachado de “desprecio al Estado de Derecho”.

 Por todo ello, las Asociaciones y Plataformas que suscribimos este comunicado, no nos sumamos ni apoyamos las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO en las ocho provincias andaluzas, pero sí apoyaremos, sin fisuras, las futuras movilizaciones que puedan convocar otros sindicatos y asociaciones apolíticas en defensa de los derechos de los EE.PP de Andalucía.


SEGUIMOS LUCHANDO, CONTRA TODO Y CONTRA TODOS, POR LA DIGNIDAD DEL EMPLEO PÚBLICO.

SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA EL ENCHUFISMO Y LA CORRUPCIÓN.

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Plataformas y Asociaciones firmantes del comunicado:



ASOCIACIÓN AL-ANDALUS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ASOCIACIÓN AIDÓS, PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE MÁLAGA, PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE GRANADA Y PLATAFORMA DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE ANDALUCÍA EN CÁDIZ.



1 comentario:

  1. Estoy de acuerdo en luchar contra el enchufismo y la corrupción. Y a los mismos añado las malas practicas de la administración y algunos empleados públicos. Si bien habrá que tener en cuenta que de tales prácticas pueden derivarse acciones contenciosas y trabajo para el sector privado, procuradores, abogados, etc, al mismo tiempo que un atasco y atraso considerable en los juzgados de lo contencioso.
    Po cierto, la adopción de acuerdos manifiestamente injustos es conducta contemplada en el CP, y si causan perjuicio a la adminsitración o al administrado se considera falta en el ambito administrativo.
    ¿A cuantos se le ha aplicado?

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