(Acceso a la noticia en LaRazon.es)
El Consejo de
Gobierno de la Junta aprobó ayer un decreto que adapta la composición
del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía a la nueva
estructura de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en su
propósito de reformar el sector. Si bien, se da la circunstancia de que
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación que una letrada
del Gobierno autonómico interpuso contra la sentencia de 25 de febrero
de 2011 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), relativa a ese organismo.
En concreto, la también Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo pero del Alto Tribunal regional, con sede en Málaga, estimó un recurso del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) y declaró «nulo de pleno derecho» el decreto 324/09, por el que se aprobó el Estatuto de la Agencia Tributaria autonómica. La sentencia se dictó el 25 de febrero de 2011.
Ahora el Supremo desestima los tres motivos que la abogada de la Junta alegó para oponerse al fallo del TSJA y entiende que su recurso «no ha lugar», con lo que anula de manera definitiva los estatutos del ente andaluz.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala del TS mantiene que «pese a la naturaleza eminentemente organizativa del Decreto, en cuanto destinado a ‘alterar la competencia de los órganos de la Administración competentes para prestar el servicio que pretende mejorarse’, ello no impide que pueda afectar a los intereses de los funcionarios».
«Por lo que –añaden los cinco magistrados firmantes de la sentencia– no resulta ilógico ni irrazonable estimar que, a causa de las concretas circunstancias aquí concurrentes, debieron ser oídos en el procedimiento de elaboración a través de los sindicatos que defienden tales intereses, al igual que lo fueron numerosas entidades y organismos».
El Supremo impone a la parte recurrente en casación, en este caso el Ejecutivo andaluz, «las costas causadas en este recurso», a cargo de las arcas públicas.
Fuentes de Safja recuerdan que con este auto «culmina un proceso que empezó en 2007, cuando se creó por ley la Agencia Tributaria de Andalucía y nos opusimos de manera rotunda a que se constituyera como agencia de régimen especial y no administrativa». ¿La causa?: la incompatibilidad «de este tipo de entes con la reserva que con carácter exclusivo hace para el funcionario el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público», esgrimieron. Desde ese prisma, el sindicato fue el primero en recurrir los estatutos de la agencia, publicados en BOJA el 14 de septiembre de 2009, por diversos motivos. Entre ellos: «la falta de negociación previa» con las centrales sindicales, la contratación de personal directivo «directamente de la calle con contratos laborales de alta dirección, para realizar funciones que por ley están reservadas a los funcionarios»; o el que la evaluación del desempeño, que «se debería hacer por ley, se impusiera por Decreto». Para el presidente de Safja, José Manuel Mateo, la aprobación del Consejo de Gobierno de ayer demuestra que la Junta «sigue ninguneando a la Justicia y cometiendo desacato a los jueces». «Aquí –se lamenta– no impera la ley y el orden sino el poder y el bien del partido, que ahora son dos», asevera en alusión a PSOE e IU. A su juicio, «están demostrando una forma de gobernar totalmente arbitraria y dictatorial» que, anuncia, su organización seguirá combatiendo porque «Andalucía no es un cortijo».
En concreto, la también Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo pero del Alto Tribunal regional, con sede en Málaga, estimó un recurso del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja) y declaró «nulo de pleno derecho» el decreto 324/09, por el que se aprobó el Estatuto de la Agencia Tributaria autonómica. La sentencia se dictó el 25 de febrero de 2011.
Ahora el Supremo desestima los tres motivos que la abogada de la Junta alegó para oponerse al fallo del TSJA y entiende que su recurso «no ha lugar», con lo que anula de manera definitiva los estatutos del ente andaluz.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala del TS mantiene que «pese a la naturaleza eminentemente organizativa del Decreto, en cuanto destinado a ‘alterar la competencia de los órganos de la Administración competentes para prestar el servicio que pretende mejorarse’, ello no impide que pueda afectar a los intereses de los funcionarios».
«Por lo que –añaden los cinco magistrados firmantes de la sentencia– no resulta ilógico ni irrazonable estimar que, a causa de las concretas circunstancias aquí concurrentes, debieron ser oídos en el procedimiento de elaboración a través de los sindicatos que defienden tales intereses, al igual que lo fueron numerosas entidades y organismos».
El Supremo impone a la parte recurrente en casación, en este caso el Ejecutivo andaluz, «las costas causadas en este recurso», a cargo de las arcas públicas.
Fuentes de Safja recuerdan que con este auto «culmina un proceso que empezó en 2007, cuando se creó por ley la Agencia Tributaria de Andalucía y nos opusimos de manera rotunda a que se constituyera como agencia de régimen especial y no administrativa». ¿La causa?: la incompatibilidad «de este tipo de entes con la reserva que con carácter exclusivo hace para el funcionario el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público», esgrimieron. Desde ese prisma, el sindicato fue el primero en recurrir los estatutos de la agencia, publicados en BOJA el 14 de septiembre de 2009, por diversos motivos. Entre ellos: «la falta de negociación previa» con las centrales sindicales, la contratación de personal directivo «directamente de la calle con contratos laborales de alta dirección, para realizar funciones que por ley están reservadas a los funcionarios»; o el que la evaluación del desempeño, que «se debería hacer por ley, se impusiera por Decreto». Para el presidente de Safja, José Manuel Mateo, la aprobación del Consejo de Gobierno de ayer demuestra que la Junta «sigue ninguneando a la Justicia y cometiendo desacato a los jueces». «Aquí –se lamenta– no impera la ley y el orden sino el poder y el bien del partido, que ahora son dos», asevera en alusión a PSOE e IU. A su juicio, «están demostrando una forma de gobernar totalmente arbitraria y dictatorial» que, anuncia, su organización seguirá combatiendo porque «Andalucía no es un cortijo».
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