(Acceso a la noticia en ElMundo.es)
Una funcionaria de la Junta de Andalucía ha presentado una denuncia en los juzgados de Sevilla por un presunto delito contra los derechos y libertades de los trabajadores, después de permanecer 75 días “abandonada” y sin trabajo que hacer en la Casa Rosa, un ‘palacete’ del Gobierno andaluz en el que apenas hay empleados públicos, ya que se han mudado a la nueva sede de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
La denunciante es la presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que mantiene decenas de pleitos contra la ‘ley del enchufismo’ de la Junta, por la cual el ejecutivo de Griñán pretende equiparar a los funcionarios a miles de trabajadores de las empresas públicas contratados sin pasar por oposición o concurso de méritos alguno.
Desde hace justo 75 días, la funcionaria de la Junta de Andalucía G.B.M. se sienta cada día en su mesa y allí pasa las horas delante del ordenador, sin ninguna tarea asignada, sin jefes y casi sin compañeros. Está en un palacete fantasma del que ya se han mudado casi todos sus antiguos compañeros.
La mayor parte de los empleados públicos que trabajaba en este edificio, junto a la funcionaria «abandonada», ha sido trasladado a otra sede de la Junta en la calle Tabladilla de Sevilla. La mudanza es el resultado de la fusión de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, decidida tras las últimas elecciones autonómicas. Ambos departamentos están ahora integrados en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que dirige el consejero Luis Planas.
Pero la fusión y mudanza se ha hecho sin contar con la funcionaria G.B.M., que es, precisamente, la presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, un colectivo de empleados públicos de la Junta que figura como codemandante en más de 25 procesos judiciales en curso contra la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo.
En la denuncia, en poder de EL MUNDO de Andalucía e interpuesta el pasado 7 de septiembre, la funcionaria describe el «grave abandono administrativo que padezco» desde el pasado 5 de julio. «El trato que recibo supone una grave discriminación como servidor público, dado que se me está impidiendo el desarrollo efectivo de mis funciones y competencias públicas que me corresponden», indica.
Ha pedido al juez que llame a varios testigos y una pericial de la profesional que la atiende sobre los «efectos que este tipo de comportamientos producen en mi salud».
Desde hace justo 75 días, la funcionaria de la Junta de Andalucía G.B.M. se sienta cada día en su mesa y allí pasa las horas delante del ordenador, sin ninguna tarea asignada, sin jefes y casi sin compañeros. Está en un palacete fantasma del que ya se han mudado casi todos sus antiguos compañeros.
La mayor parte de los empleados públicos que trabajaba en este edificio, junto a la funcionaria «abandonada», ha sido trasladado a otra sede de la Junta en la calle Tabladilla de Sevilla. La mudanza es el resultado de la fusión de las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, decidida tras las últimas elecciones autonómicas. Ambos departamentos están ahora integrados en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente que dirige el consejero Luis Planas.
Pero la fusión y mudanza se ha hecho sin contar con la funcionaria G.B.M., que es, precisamente, la presidenta de la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, un colectivo de empleados públicos de la Junta que figura como codemandante en más de 25 procesos judiciales en curso contra la polémica Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo.
En la denuncia, en poder de EL MUNDO de Andalucía e interpuesta el pasado 7 de septiembre, la funcionaria describe el «grave abandono administrativo que padezco» desde el pasado 5 de julio. «El trato que recibo supone una grave discriminación como servidor público, dado que se me está impidiendo el desarrollo efectivo de mis funciones y competencias públicas que me corresponden», indica.
Ha pedido al juez que llame a varios testigos y una pericial de la profesional que la atiende sobre los «efectos que este tipo de comportamientos producen en mi salud».
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