Reunión en Antequera. 19 de octubre de 2013.

El pasado 19 de octubre de 2013, representantes de las Asociaciones AIDOS, DEFIENDO MI DERECHO y AL-ANDALUS, junto a otros empleados públicos de la Junta de Andalucía de diferentes provincias, nos reunimos en Antequera para abordar y tratar diferentes cuestiones de actualidad relacionadas con la lucha que empezamos hace ya más de tres años, llegando entre otras conclusiones, a las siguientes:

1º) Mostramos nuestro más absoluto rechazo hacia las tres sentencias que, hasta la fecha, ha dictado el Tribunal Supremo en el tema de la reordenación del sector público andaluz acogiendo los argumentos de la Junta de Andalucía, que contradicen los numerosos pronunciamientos que habían dictado tanto los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo como el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Dichas sentencias muestran el absoluto desconocimiento que tiene el “Alto Tribunal” de las diferentes clases de entidades públicas existentes en nuestra Comunidad Autónoma y su diversa naturaleza jurídica, ignorando toda diferencia entre fundaciones y sociedades mercantiles, de un lado, y agencias administrativas, de régimen especial y entidades públicas empresariales, de otro. Es especialmente llamativo el “olvido” y la nula aplicación por el Tribunal Supremo del art. 55 del EBEP que exige, para acceder a la condición de empleado público, la existencia de un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, proceso inexistente en el personal que forma parte de la denominada Administración paralela, razón por la cual se ha interpuesto recientemente un recurso de aclaración ante el propio Tribunal Supremo que deja bien claro el grave y patente error que está cometiendo.

2º) A pesar de los resultados adversos que nuestra lucha está obteniendo en el Tribunal Supremo, vamos a continuar la vía judicial abierta, hasta las últimas consecuencias, recurriendo los diferentes pronunciamientos desfavorables, y acudiendo, en última instancia, al Tribunal Constitucional mediante la utilización del recurso de amparo, contemplando incluso la posibilidad de acudir a los tribunales europeos en el caso de que esta vía fuese también infructuosa.

3º) Asimismo, no se descarta emprender acciones, a medio plazo, ante la propia Comisión Europea y la OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude), ante los graves acontecimientos a los que estamos asistiendo, al dejar prácticamente sin efecto el Tribunal Supremo con sus pronunciamientos el artículo 23 de la Constitución española y legitimar como forma de integración en la Administración Pública el enchufismo generalizado, raíz y causa inmediata de gran parte de los casos de corrupción sobre los que la justicia ha comenzado a situar su lupa (EREs, Invercaria, etc).

4º) Por otra parte, se propone incrementar la presión sobre los casos de usurpación de potestades públicas, que tan evidentes son en nuestros días, por parte del “personal subrogado” cuyo ADN se conforma con la secuencia genética procedente de la amplia red clientelar del gobierno de Andalucía, denunciando en vía contencioso-administrativa y penal a sus responsables.

Estamos convencidos de que la nuestra es una CAUSA LEGÍTIMA y JUSTA, por lo que vamos a seguir luchando sin tregua en todos los frentes, con la cabeza bien alta, en defensa de nuestros derechos, contra esta Administración enchufista, que reniega del funcionario público (de carrera) legítimo, libre e independiente en favor de su Administración paralela, configurada por una red clientelar que está esquilmando y malgastando el dinero público de todos los andaluces.

AÚN HAY MUCHO POR HACER.