Comunicado de la Asociación Al-Andalus

Manifestamos nuestro absoluto rechazo a la reducción de sueldo de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, reducción cuya principal finalidad no es otra que mantener en sus puestos de trabajo a un elevado número de miembros del PSOE y de los sindicatos de clase que han sido ENCHUFADOS en la Administración a través de la Ley de Reordenación del Sector Público y los Estatutos y Protocolos de Integración de las nuevas Agencias, y que forman parte del colectivo de 26.000 trabajadores que el gobierno de Griñan ha pretendido integrar en la Administración, trabajadores que, debe quedar muy claro, NO SON EMPLEADOS PÚBLICOS (EE.PP), tal y como vienen proclamando de forma indubitada los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que han paralizado dicha integración, acusando a la Junta de Andalucía de cometer un DESPRECIO ABSOLUTO AL ESTADO DE DERECHO Y VULNERAR LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO.

En realidad, el coste de esta Administración paralela es muy superior al teórico ahorro que se consigue con la reducción del sueldo a los EE.PP, medida que solo pretende consolidar una Administración partidista, politizada, enchufista y al servicio del poder político, resultando ofensivo e hiriente a nuestra dignidad que el Gobierno de Griñán, tan solo en los días previos a las elecciones, haya repartido 233 millones de Euros (el 70% de lo que reducen a los EE.PP) en subvenciones, entre cuyos agraciados, como no, se encuentran los sindicatos UGT y CCOO que han recibido dinero, entre otros conceptos, para programas tan llamativos como “el fortalecimiento sindical en Los Andes, el resto de América y Marruecos, el fortalecimiento de las mujeres trabajadoras en Guinea Bissau o la transversalización e institucionalización de la equidad de género en la municipalidad de Ayutuxtepeque”.

Esta Asociación exige el cumplimiento inmediato de los autos y resoluciones judiciales y la salida inmediata de todo el personal externo de las sedes y edificios administrativos, personal que, a pesar de la paralización ordenada judicialmente, sigue en sus puestos de trabajo cobrando más que los EE.PP. Por poner un ejemplo, sólo en la sede de la Delegación Provincial de Empleo de Córdoba sita en la primera planta del Edificio de Servicios Múltiples hay unos 20 trabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), ahora sin apenas trabajo, entre los que, según ha difundido la prensa, se encuentran destacados dirigentes socialistas que jamás han superado un proceso selectivo basado en los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como José Antonio Montesinos, Secretario de las juventudes socialistas del PSOE de Córdoba y concejal socialista en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, Santiago Castro Greco, ex alcalde de Espejo y actual Secretario de Finanzas del PSOE en dicho municipio, y Rosa Alcaide Monserrat, secretaria de formación del PSOE de Almodóvar del Río. Junto a ellos, existen en Córdoba otros cargos socialistas contratados en FAFFE, como Natividad Isabel García López, actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Palma del Río, y Manuel Aguilar Germán, líder sindical de UGT y Secretario de Empleo del PSOE en Córdoba. Y este enchufismo se encuentra generalizado por todas las provincias andaluzas, y no solo en FAFFE, sino también en DAP o EGMASA. Por poner solo un ejemplo ilustrativo, forman también parte de FAFFE el diputado socialista Ramón Díaz (diputado en el Parlamento), su hijo y otros cuatro miembros de la ejecutiva socialista en Sevilla. Es a este tipo de personal, que reiteramos, NO ES EMPLEADO PÚBLICO, al que trata de salvar el gobierno del PSOE e IU, a costa del sueldo de los auténticos empleados públicos, para mantener una Administración clientelar al servicio del poder y no al servicio de ciudadano.

Queremos destacar, y con ello, llamar la atención de todos los EE.PP de la Junta de Andalucía, que estamos absolutamente convencidos de que esta es una más y no la última de las medidas que el gobierno andaluz, llevado de la mano por la cínica y nefasta Consejera Martínez Aguayo, va a tomar para eliminar en pocos años la figura del EMPLEADO PÚBLICO. Primero fue la reordenación; después la paralización de un concurso ya resuelto, con la inevitable consecuencia de la paralización de la toma de posesión de los nuevos funcionarios; a continuación la suspensión de los artículos 30; la congelación de las Ofertas de Empleo Público, y ahora, la bajada de sueldo. TODO ELLO PARA SERVIR, MANTENER Y REFORZAR SU ADMINISTRACIÓN PARALELA.

Tenemos que tomar conciencia, hoy más que nunca, de que el gobierno de Griñan y Valderas pretende eliminarnos, por lo que pedimos expresamente a los sindicatos que hemos votado y que luchan contra la reordenación VALENTÍA Y TRANSPARENCIA, y que no hagan la guerra cada uno por su cuenta, sino que, por el contrario, se reúnan con los colectivos y asociaciones de toda Andalucía para adoptar conjuntamente todas las medidas que sean necesarias para luchar contra este régimen despótico y enchufista, medidas que, a estas alturas, y visto el nulo respeto que este gobierno tiene del Estado de Derecho, deben pasar inequívocamente, no solo por manifestaciones y concentraciones, sino también, nos guste o no, por encierros, huelga general o la insumisión absoluta, hasta que recuperemos nuestros derechos profesionales y económicos y el personal externo abandone nuestras sedes de trabajo, medidas que esta Asociación va a apoyar para luchar contra este nuevo atentado a la democracia y al Estado de Derecho.

NUESTRA DIGNIDAD LO EXIGE.

O LO HACEMOS AHORA, O MAÑANA SERÁ TARDE.