«La Junta nos baja el sueldo para mantener a sus enchufados». ABC. 17 de mayo.

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Indignación en los sindicatos de los funcionarios que ven en los recortes de PSOE e IU una «revancha» y anuncian más protestas desde el próximo lunes

Como un jarro de agua fría. Así ha caído entre los funcionarios de la Junta de Andalucía en Córdoba las medidas de recorte anunciadas el pasado martes por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, para cumplir este año con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento. Entre ellas destacan la reducción del salario de estos empleados de hasta un 15 por ciento, así como la eliminación de complementos y el aumento de la jornada laboral semanal de 35 a 37,5 horas. En Córdoba se calcula que hay unos 2.500 funcionarios y personal interino dependientes de las carteras de la Administración autonómica, amén de miles de docentes, sanitarios y empleados de otros departamentos.

Uno de los colectivos más beligerantes con estas medidas ha sido desde el primer momento el Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja). La presidenta provincial de esta central, Concha Ramírez, mostró ayer su «absoluto rechazo» al plan de ajuste de Griñán.

Esta dirigente sindical aseguró que estas medidas «son una revancha» contra los empleados públicos que han denunciado la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, que supone la entrada en la Administración, según este colectivo, de unos 26.000 empleados que no han pasado por ningún proceso de selección ni ninguna oposición.

Ramírez afirmó que «la principal finalidad de la reducción de sueldos anunciada por la Junta es mantener en sus puestos de trabajo a un ingente número de miembros del PSOE y de los sindicatos de clase que han sido enchufados en la Administración» a través de la citada normativa. Esta ley ha sido paralizada por diversas sentencias judiciales, que acusan al Gobierno andaluz de «un desprecio absoluto hacia el Estado de Derecho» con la citada reordenación.

Desde Safja se recordó que una veintena de trabajadores de la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) siguen en sus puestos en Córdoba «a pesar de la paralización judicial de su integración y de que apenas desarrollan funciones, aunque cobran bastante más que los funcionarios de carrera». Algunos de esos empleados, según el sindicato, son dirigentes socialistas, como el concejal en Aguilar de la Frontera José Antonio Montesinos o la secretaria de Formación del PSOE en Almodóvar del Río, Rosa Alcaide.

Ramírez también acusó al Ejecutivo autonómico de «mentir» durante la reciente campaña electoral, ya que «dijeron en numerosas ocasiones que no tocarían los sueldos de los funcionarios».

Esta representante de Safja puso especial énfasis en la situación en la que quedan los interinos, cuya jornada y salario se reducirán un 15 por ciento. «Es sangrante que se deje a estas personas, que han pasado por un proceso de selección, con sueldos de mileurista, mientras que a otros, que no han hecho ninguna oposición, se les mete en la Administración con calzador», recalcó.

Este sindicato ya ha anunciado que iniciará un calendario de movilizaciones contra estas medidas. CSIF también se ha posicionado en contra del plan de ajuste de la Junta y ha convocado para el próximo lunes una concentración de protesta junto a la Delegación del Gobierno andaluz.

La presidenta provincial de CSIF, Francisca Carretero, aseguró que «no es justo que se vaya a estrangular a los trabajadores públicos, que no son los culpables de esta crisis». A su juicio, el plan anunciado por Aguayo no ayudará a paliar los efectos de la difícil situación económica actual, aunque están a la espera de mantener una reunión con la consejera para conocer más en profundidad el contenido de las medidas que se hicieron públicas el pasado martes.

Por su parte, el secretario provincial de UGT, Antonio Fernández, en declaraciones a Radio Córdoba, se mostró contrario al paquete de recortes de la Junta, aunque también se movió con cautela a la espera de conocerlo más a fondo. Pese a esa prudencia, sí advirtió de que las medidas adoptadas por el cogobierno de la Junta suponen un «recorte de servicios públicos, con lo que su calidad bajaría, y en el poder adquisitivo de los trabajadores públicos».

Luego, añadió la «preocupación» del sindicato ugetista por la situación de los 40.000 interinos que hay en la región. Y señaló que su demanda es que mantengan sus empleos. Prosiguió «exigiendo» a la Junta «una negociación transparente y real» sobre las decisiones adoptadas. De hecho, apuntó que, a juicio de UGT, éstas deberían pasar por la Mesa de la Función Pública. Además, Fernández abogó por que dentro del amplio colectivo de trabajadores de la Administración regional se vean más afectados «los que tengan mayor capacidad adquisitiva».

De modo más general, el líder de UGT-Córdoba apuntó que la política de recortes es «errónea». «Hay que ir por otra de crecimiento, la que puede crear empleo. Por lo tanto, esto seguir en la línea de sufrimiento y más pérdida de empleo», reflexionó.