Los funcionarios han perdido en dos años el 21% de su sueldo. ABC. 17 de mayo.

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El recorte a los sueldos de los funcionarios de la Junta de Andalucía por la supresión de complementos y retribuciones por diferentes conceptos, como los incentivos vinculados a la productividad y las ayudas sociales, ha supuesto una nueva merma en el poder adquisitivo de unos trabajadores que en los dos últimos años han visto reducir sus emolumentos en un 21 por ciento de media. Mientras, en ese mismo periodo el personal interino y contratado de la Administración andaluza ha reducido sus sueldos en un 40 por ciento.

Ese es el cálculo que ha realizado el sindicato CSIF, al cuantificar las medidas restrictivas que comenzaron en la etapa de Rodríguez Zapatero, continuaron con Rajoy y se han incrementado ahora con el Plan Económico Financiero de Reequilibrio del Ejecutivo que preside José Antonio Griñán.

Según CSIF, en este cómputo se incluyen la bajada medida del 5 por ciento del año 2010, la subida del IRPF del gobierno central, los recortes de Rajoy y la reciente reducción de otro 5 por ciento aplicada por la Junta de Andalucía.

La organización sindical ve especialmente grave la situación de los interinos y contratado, al tratarse de un colectivo con empleo «muy precario», que en muchos caso ocupa puestos de trabajo fuera de su localidad y lejos de las familias.

CSIF ha rechazado las medidas adoptadas por la Junta «porque vuelven a ensañarse con los empleados públicos» a través del «saqueo» de sus nóminas.

En la misma línea, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja) ha puesto de manifiesto su protesta y ha anunciado que iniciará acciones legales y movilizaciones y manifestaciones si las nuevas medidas aprobadas por la Junta suponen «incumplir la legalidad vigente y pisotea los derechos de los funcionarios».

UGT y CC.OO. también se han mostrado en contra de las medidas de ajuste por repercutir en unos trabajadores «que no han tenido culpa del déficit», según la central ugetista, al tiempo que Comisiones critica que el Gobierno central obligue al Ejecutivo andaluz a aplicar las mismas medidas de las comunidades gobernadas por el PP. Para Ustea, los recortes son «inadmisibles».