(Artículo publicado en el blog de la Asociación El Tercer Lado)
En relación con los recortes de
derechos aprobados, El Tercer Lado quiere hablar hoy de despilfarro. Para
vergüenza propia y ajena quiere dar a conocer someramente, que queda mucho, la
nómina de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), que
con la aprobación de la Ley de reordenación del sector público de Andalucía se
integró en la Agencia de Régimen Especial Servicio Andaluz de Empleo, con
efectos de 3 de mayo de 2011.
Antes de pasar a su análisis y
como apunte previo, tres observaciones: 1ª) La cúpula y la mayoría de directivos
de la extinta FAFFE fueron despedidos e indemnizados en el verano del pasado año
2011. Desde entonces no ha habido más despidos. 2ª) A continuación, en un
segundo escalón se encontraban los mandos superiores, los cuales tenían asumido
su previsto despido para, como muy tarde, el otoño del pasado año 2011. 3ª)
Desde su integración en el Servicio Andaluz de Empleo, los contratos vinculados
a programas que han ido finalizando no han sido ejecutados.
La nómina de la FAFFE, además de
una desvergüenza, es un auténtico despilfarro, donde:
-
Se recogen salarios netos mensuales por encima de los 3.200
euros (por ejemplo, Marcial Cañadilla Gómez y Aurelio Crespo Mérida, antiguos
directores de FAFFE que desde hace muchos años mantienen sueldos de Director sin
las correspondientes responsabilidades del cargo, o Antonio Torres García,
paseante y ex alcalde de Lebrija, con sueldo de Director aunque nunca haya
ejercido como tal, o Anna Vals Roc, nombrada liquidadora de la fundación, y que
meses después de su liquidación sigue cobrando como si continuara vigente,
etc.).
-
El sueldo neto mensual
de los “mantenidos” mandos superiores
(un total de 55) se sitúa entre los 2.200 y 2.800 euros. Para entenderlo baste
saber que se trata de personas con una filiación y cercanía determinadas (por
ejemplo, ex gerentes -Granada y Sevilla-, subdirectoras, sobrino de ex consejero
de Gobernación, esposas de ex Directores Generales, asesor de Gabinete electoral
de candidato socialista, etc., etc., etc.).
-
El sueldo neto mensual
de los mandos intermedios supera, en todos los casos, los 1.800 euros (Con
honrosas excepciones, que las hay, la mayoría lo son gracias a determinados “apoyos”, que no por su formación y
aptitudes profesionales).
-
Pero lo mejor son los “complementos” y “sobresueldos” -de 1.000 euros en muchos
casos- que tienen asignados, por mandato del cargo político de turno, un elevado
número de personal que con la categoría de “técnico” o de inferior categoría,
sin más trabajo que poner la mano a fin de mes, llega a cobrar un sueldo neto mensual superior a los 2.000
euros. Hablamos de ex alcaldes (Montellano, Coria del Río); ex concejales
(Guadix, Adamuz, Palma del Río, Aguilar de la Frontera); ex miembros de
distintas ejecutivas provinciales del PSOE y la UGT, y de toda la parentela
-hijos, hermanos, sobrinos, primos, cuñados y conocidos- de la alta alcurnia psoeística, cuya relación próximamente
publicaremos junto a sus respectivos padrinos. En este apartado incluimos el
personal que bajo una cesión ilegal de
trabajadores han estado prestando servicios en el Gabinete del ex Consejero
de Empleo y otros, que mantienen las mismas retribuciones que tenían
anteriormente. Estos “complementos” y
“sobresueldos” claro está que no se
recogen en sus contratos.
-
La plantilla actual en nómina de la extinta FAFFE asciende
aproximadamente a 1.200 personas. El personal fijo de “estructura” no supera los
350 (para comprender el porqué de esta diferencia y el que no se haya ejecutado
ningún contrato finalizado vinculado a programas, baste saber que en la mayoría
de sus titulares existe una relación afectiva y familiar,
paterno/materno/filial, con jefes/as de servicio, coordinadores/as,
directores/as generales, consejeros/as, etc., cuando no con representativos
dirigentes sindicales y políticos).
Necesariamente surgen las
preguntas: ¿La nómina de la FAFFE que se contabiliza mensualmente por la
Intervención, se fiscaliza con documentación adjunta o sin ella? En cualquier
caso, ¿de quién es la responsabilidad de que haya infinidad de personas
embolsándose “complementos” o “sobresueldos” al margen de los
contratos? Si el personal de la FAFFE no está integrado -que no lo está-, ¿cómo
es que se incumple lo recogido en el Convenio de aplicación? ¿Aparecerá algún
responsable o, como siempre, se continuará mirando para otro lado? ¿Ni siquiera
la Intervención General ha tenido jamás conocimiento de estos hechos? ¿Para qué
está entonces?
Si con motivo de distintas
resoluciones judiciales, la integración del personal de la FAFFE no se ha podido
llevar a efecto, no pudiendo ejercer funciones que supongan ejercicio de
potestades administrativas -estando la mayoría a verlas venir-: ¿Cuánto cuesta
mantener los puestos de los mandos superiores absolutamente innecesarios?
¿Cuánto cuestan los sueldos del personal cuyos contratos han finalizado y no han
sido despedidos? ¿Cuánto cuesta la no adecuación de los exagerados sueldos a la
responsabilidad actual? ¿A esta situación se ha llegado a través de decisiones
irresponsables o ha sido por falta de decisión? Con seguridad no lo sabemos,
pero nos tememos que, si hay algún responsable, que naturalmente lo hay, será…
“el Gobierno de España”.
Lo que sí es cierto que ha
habido, y continúa habiéndolo, es un absoluto despilfarro. Y éste, en el caso de
la FAFFE (sólo desde la aprobación del Decreto-Ley 5/2010) se puede cuantificar
en varias decenas de millones de euros -más de 50-, que se habría ahorrado la
Comunidad Autónoma simplemente tomando las decisiones adecuadas y no demorando
su aplicación.
Extrapolando este oprobio de la
extinta FAFFE, a todas las fundaciones y empresas públicas que se han integrado
en las distintas Agencias creadas a raíz de la aprobación de la Ley 1/2011 de
Reordenación del Sector Público de Andalucía, y al resto de entes instrumentales
de la Administración Autónoma Andaluza, afirmamos rotundamente que el despilfarro en gastos de personal, sólo
en los dos últimos años, supera con creces el recorte efectuado a los derechos
de los empleados públicos a través del Decreto-Ley 1/2012.
El Tercer Lado, una vez más,
rechaza y denuncia el despilfarro público. Basándose en él se piden sacrificios
por quienes son los únicos responsables de una Administración pública que dedica
el triple de recursos a pagar nóminas que a prestar servicios básicos.
Dirigentes que, saltándose a la torera sus promesas electorales, imponen el
sacrificio a los de siempre. Dirigentes que no deberían demorar la toma de
decisiones necesarias y urgentes, y asumir la responsabilidad de los despidos
que ya debieran haberse producido. Su obligación pasa por gestionar los escasos
recursos públicos con austeridad y, además, hacerlo bien.
Los empleados públicos somos
trabajadores de la Administración, no somos Administración. Somos tan
trabajadores por cuenta ajena como los del sector privado. ¿Por qué tenemos que
pagar por los errores y desmanes de los políticos? ¿Por qué tenemos que sufrir
los recortes provocados por el nepotismo y el partidismo en la Junta de
Andalucía? ¿Por qué el rescate financiero no puede ir a los hombros de los
trabajadores y los recortes del des-gobierno andaluz sí? ¿Por qué las
líneas cambian de color según el gobierno que las traspase? En todo caso, siguen
con el chocolate del loro.
En Andalucía es verdad que hay
mucho empleo público pero no muchos empleados públicos. Lo que sobra es un
elevado número de personas dedicadas exclusivamente a la política a la que han
convertido en su profesión, que sólo viven de ella, cobrando con cargo al
presupuesto de la Comunidad. Lo que sobran son los dirigentes políticos
responsables de la actual situación. Lo que sobra es una estructura
insostenible, creada de modo arbitrario y con fines espurios, que necesariamente
tiene que desaparecer para mantener en la medida de lo posible el Estado del
Bienestar. Su mantenimiento en estos tiempos críticos supone un auténtico
despilfarro que no hay presupuesto público ni deuda pública que lo
resista.
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