Los empleados públicos de la Junta de Andalucía han obtenido un nuevo dictamen favorable del Ministerio Público, el segundo en esta semana, a uno de los recursos presentados el pasado 16 de mayo por la vía especial de derechos fundamentales contra los protocolos y los estatutos de las nuevas agencias que pretenden colar a unos 26.000 ‘enchufados’.
En este caso, la Fiscalía se ha pronunciado sobre el procedimiento seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, emitiendo un dictamen por el que considera que debe estimarse “parcialmente” la demanda interpuesta por la Asociación Al-Ándalus y Defiendo mi derecho y la gestión pública, que representan a unos 5.000 empleados públicos, contra el decreto 101/2011 por el que se aprueba los estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Este dictamen afecta al régimen de integración del personal procedente del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en la agencia de nueva creación. Ambas entidades, bajo la dirección del bufete Mariano Aguayo Abogados, alegan vulneración del derecho fundamental a acceder a la función pública conforme a las principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria, reconocido y garantizado por los artículos 14 y 23 de la Constitución Española.
La fiscal Ana María Hermosa destaca en su dictamen, al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, que el régimen de contratación del personal procedente del Instituto Andaluz de Instituciones Culturales estaba reglado únicamente por el Derecho Privado, lo que “difiere notablemente del régimen de acceso y reglamentación del personal funcionario y personal laboral de la Administración”.
En este sentido, el Ministerio Público destaca que el estatus jurídico de aquel personal es “totalmente ajeno al concepto de empleado que se contiene en el Estatuto Básico del Empleado Público”. La fiscal señala así que el decreto “se aleja de los principios básicos” de acceso a la función pública de igualdad, mérito y capacidad que, según doctrina del Tribunal Constitucional (TC), “sólo puede ser exceptuada por muy excepcionales razones objetivas”, sin que sea suficiente “escudarse” en la Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público de Andalucía.
Continúa la fiscal reconociendo que “los trabajadores del Instituto se transforman en empleados de la Agencia Pública Empresarial (…) o lo que es lo mismo en empleados públicos”.
Por esta razón, el Ministerio Público apunta que la integración es “contraria” a la “legalidad ordinaria”, pues infringe el artículo 55 de la Ley 7/2007 por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el cual dispone que los procesos de selección de los empleados públicos deben ajustarse a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Otra alegría más. Y supongo que el Tribunal sabrá contestar a las alegaciones catástrofistas que los "queridos" compañeros letrados de la Junta exponen para evitar la estimación de las demandas. No os preocupéis los de Gabinete, que no pasa nada porque ya no exista Faffe o Egmasa, o cualquier otro chiringuito del PSOE, pues las nuevas agencias inventadas pueden seguir existiendo como lo que verdaderamente son: entidades mercantiles. Basta con la modificación de sus estatutos actuales para dejarlos como estaban y DEVOLVER A LA ADMINISTRACIÓN TODAS LAS POTESTADES QUE ILEGÍTIMAMENTE SE LE HAN ROBADO. No hace falta más, si números de nif ni cuentos. De esta forma, también tendrán que retornar el personal de la Administración de la Junta de Andalucía al que se ha sacado a lo bestia. Y que la Agencia Andaluza del Agua (antigua EGMASA), por ejemplo, se quede con su personal y antiguas funciones, haciendo lo que le corresponde a una empresa pública.
ResponderEliminarSeñores ¿compañeros? letrados ¿tan difícil es? Pues cuando el Señor Griñán empiece a contratar la asistencia jurídica de la Junta con prestigiosísimos despachos a través de fundaciones creadas ad hoc ya os iréis poniendo las pilas...